Monterrey, Nuevo León; tres de agosto de dos mil doce.

VISTOS para resolver los autos de los expedientes relativos a los juicios de inconformidad SM-JIN-22/2012, SM-JIN-23/2012 y SM-JIN-24/2012 acumulados, promovidos por las coaliciones  “Movimiento Progresista” y “Compromiso por México” y el Partido Acción Nacional, por conducto de sus respectivos representantes, todos en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, el último ente combate también el de representación proporcional, y las alianzas en cita, contra de la declaración de validez de la elección y del otorgamiento de la constancia de mayoría y validez en favor de la fórmula registrada por el Partido Acción Nacional; acto emitido por el 03 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Guanajuato (en lo sucesivo “Consejo Distrital”); y

PRIMERO. Antecedentes. Del escrito de demanda y demás constancias que obran en el expediente en que se actúa, se advierten los hechos relevantes que enseguida se describen, aclarándose que todas las fechas corresponden al año dos mil doce, salvo mención expresa que al efecto se realice:

I. Jornada Electoral. El uno de julio se llevaron a cabo las elecciones federales para renovar al Titular del Poder Ejecutivo y a los integrantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, es decir, Senadores y Diputados.

II. Cómputo distrital. El cuatro de julio el Consejo Distrital sesionó a efecto de llevar a cabo el cómputo distrital de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, sin embargo como se presentó una diferencia menor al uno por ciento entre los candidatos situados en primero y segundo lugares, el cinco posterior se efectuó el recuento de la totalidad de las casillas, una vez finalizado, se levantó el acta respectiva con los resultados siguientes:

SEGUNDO. Juicios de Inconformidad.

I. Presentación. El diez de julio las coaliciones “Movimiento Progresista” y “Compromiso por México”, así como el Partido Acción Nacional, por conducto de sus respectivos representantes, promovieron ante el Consejo Distrital, sendos juicios de inconformidad.

II. Remisión. Mediante diversos oficios signados por la Secretaria del Consejo Distrital, la autoridad responsable remitió los ocursos de impugnación atinentes, los informes circunstanciados respectivos y demás constancias que consideró necesarias para resolver los juicios que nos ocupan; mismas que fueron recepcionadas en este órgano jurisdiccional el catorce de julio. 

III. Turno a ponencia. Por distintos acuerdos del día siguiente, el Magistrado Presidente de este órgano colegiado, ordenó integrar los expedientes respectivos y registrarlos con la claves señaladas en el preámbulo de la presente resolución, así como turnarlos a la ponencia a su cargo.

IV. Requerimientos. Por sendos proveídos de diecinueve y veinticinco de julio, el Magistrado Instructor requirió diversa documentación que estimó necesaria para la debida sustanciación y resolución de los juicios en cuestión.

V. Radicación y admisión. Por autos de treinta y uno de julio, el Magistrado Instructor radicó los expedientes de mérito, y admitió a trámite los presentes juicios.

VI. Cierre de Instrucción. Por proveídos de dos de agosto, se ordenó cerrar la instrucción de los expedientes de los medios de impugnación de mérito, por estimar que se encuentran debidamente sustanciados, y

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con cabecera en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, tiene competencia para conocer y resolver estos asuntos, toda vez que dos coaliciones y un partido político, todos de carácter nacional, promueven sendos juicios de inconformidad en contra de los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el 03 distrito federal electoral en el Estado de Guanajuato, entidad federativa correspondiente a la circunscripción donde esta Sala Regional ejerce competencia.

Lo anterior, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, base VI; 60, párrafo segundo; 94, párrafos primero y quinto, y 99, párrafo cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II; 184, 185, 186, fracción I; 192, párrafo primero, y 195, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 2, inciso b); 4, 34, párrafo 2, inciso a); 49, 50, párrafo 1, inciso b), fracciones I y II; y 53, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Acumulación. Toda vez que los expedientes SM-JIN-22/2012, SM-JIN-23/2012 y SM-JIN-24/2012, se integraron con motivo de tres distintos juicios de inconformidad, promovidos, respectivamente, por las Coaliciones “Movimiento Progresista” “Compromiso por México”, así como el Partido Acción, los cuales coinciden en cuanto al acto impugnado y autoridad señalada como responsable, debe decretarse la acumulación de los juicios de inconformidad con números de expediente SM-JIN-22/2012, SM-JIN-23/2012 y SM-JIN-24/2012 para que sean resueltos de manera conjunta, quedando como índice el primero de ellos, por ser el más antiguo, acorde con el artículo 31 de la citada ley general de medios,

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de este fallo a los expedientes señalados.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia. Tomando en consideración el orden preferente que revisten las causales de improcedencia, en virtud de que se encuentran relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución del proceso, además por ser de orden público, en términos del artículo 1 de la Ley General en cita, esta Sala Regional analizará en forma previa si, en los juicios que se atienden, se actualiza alguna de las hipótesis previstas en los artículos 9, párrafo 3, 10 y 11, de la ley de cuenta, pues de ser así, devendría la imposibilidad jurídica para emitir pronunciamiento respecto de la controversia planteada, en donde se actualice dicha hipótesis.

Ahora bien, la autoridad responsable, en los respectivos informes circunstanciados, alega que en los juicios de mérito se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues considera que los actores consintieron los actos que impugnan, sin embargo, tales cuestiones, por estar estrechamente relacionadas con la materia de los asuntos, tendrán que dilucidarse en el respectivo estudio de fondo.

TERCERO. Requisitos de la demanda, presupuestos procesales y requisitos especiales del juicio de inconformidad.

1. Forma. En términos de los acuerdos de admisión referidos en el punto V, del capítulo de “Resultandos” de este fallo, se tuvieron por acreditados, en cada caso, los requisitos de las demandas, previstos en los artículos 9 y 52 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que fueron presentadas ante la autoridad señalada como responsable, los promoventes hicieron constar su nombre y firma, se identificó el cómputo impugnado, la elección que se reclama y lo que se objeta, expresaron agravios, y señalaron los hechos en que basan sus respectivas inconformidades, lo que se ajusta a lo establecido en la Ley.

2. Oportunidad. Además, se estimó que los juicios se promovieron oportunamente, en razón de que el plazo de cuatro días previsto en el artículo 55 de la ley en cita, inició al día siguiente al en que concluyó la sesión de cómputo distrital de la elección de diputados, esto es, si la sesión finalizó el seis de julio, el plazo feneció el diez siguiente; por tanto, si las demandas se presentaron ante la autoridad responsable este último día, entonces su presentación resulta oportuna.

b) Legitimación y personería. Los actores tienen legitimación para promover el juicio de inconformidad ante la presente instancia jurisdiccional federal, dado que se trata de un partido político nacional, en el caso del juicio SM-JIN-24/2012 y dos coaliciones, por cuanto hace a los diversos SM-JIN-22/2012 y SM-JIN-23/2012, para lo cual, resulta aplicable la jurisprudencia 21/2002 de rubro: “COALICIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL”.

Asimismo, se estima que quien signa la demanda del sumario SM-JIN-24/2011 cuenta con personería para representar a la fuerza política respectiva, en tanto que la calidad con la que comparece le es reconocida por la autoridad responsable en el informe circunstanciado correspondiente.

Por su parte, respecto a los diversos SM-JIN-22/2012 y SM-JIN-23/2012, acorde con lo estipulado en el artículo 98, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con lo establecido en los convenios de coalición de las alianzas “Movimiento Progresista[1]” y “Compromiso por México[2]” en las cláusulas quinta y décima, respectivamente, la representación de los entes para efecto de promover los medios de defensa ante los Consejos subdelegacionales corresponde al partido político que encabece la fórmula de candidatos a diputados del distrito electoral atinente.

Ante ello, se tiene en cuenta que en el acuerdo CG-193/2012[3] se estableció que las fórmulas respectivas se encuentran encabezadas por los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, por tanto, la representación de las alianzas comiciales en mención, están a cargo de los institutos aludidos.

Bajo esas condiciones, se reconoce la personería a los representantes de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, para actuar en sendos juicios.

Tales documentos se invocan como hechos notorios en términos de lo establecido en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CUARTO. Tercero interesado. Se reconoce tal carácter al Partido Acción Nacional, para comparecer en el juicio SM-JIN-23/2012, en atención a que en el escrito respectivo se hace constar el nombre y firma del interesado, se presentó durante el plazo de publicitación del juicio en cuestión, y se le reconoce su legitimación, pues tiene un interés incompatible al del impetrante, en virtud de que su pretensión radica en que se confirme lo impugnado, en términos de los artículos, 12, párrafo 1, inciso c) y 17, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Asimismo, se reconoce la personaría que ostenta el compareciente, en su carácter de representante suplente de dicho instituto, acreditado ante el Consejo Distrital, como se demuestra de la copia certificada de su nombramiento[4].

QUINTO. Casillas impugnadas. En los siguientes cuadros, se especifica el supuesto jurídico de nulidad contenido en el artículo 75 de la ley adjetiva, que pretende hacer valer cada justiciable, en los respectivos centros de votación.

La Coalición “Movimiento Progresista”:

NOTA: En la columna denominada Casilla, se han abreviado los tipos de éstas, así a la Básica se le identifica sólo con la letra B y la contigua con la C.

Coalición “Compromiso por México”:

NOTA: En la columna denominada Casilla, se han abreviado los tipos de éstas, así a la Básica se le identifica sólo con la letra B y la contigua con la C.

Partido Acción Nacional:

SEXTO. Litis. Se circunscribe a determinar, si los actos reclamados por los actores fueron emitidos por la autoridad responsable en estricto cumplimiento a los principios de constitucionalidad y legalidad, o si por el contrario, ha lugar a declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas y, de ser el caso, modificar los resultados del cómputo de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 03 Distrito Electoral Federal del Estado de Guanajuato.

SÉPTIMO. Consideraciones previas. Para efectos de determinar si en el presente caso se actualizan las causales de nulidad de votación recibida en casilla que se hacen valer, se estima conveniente formular las precisiones siguientes:

1. En relación con los hechos y agravios expresados por los actores, por cuestión de método serán analizados en el orden de las casuales de nulidad de votación que sigue el artículo 75 de la ley de medios de impugnación, para lo cual, de ser el caso, se suplirá la expresión deficiente de los agravios, atendiendo a lo establecido en el artículo 23 de la citada ley.

Asimismo, se observarán los criterios de jurisprudencia 03/2000 y 04/2000 que llevan por rubro: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR” y “AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”[5].

2. Los principios que rigen el sistema de nulidades en materia electoral, son los siguientes:

a) Sólo procede decretar la nulidad cuando se actualiza una de las causales previstas expresamente en la ley. De conformidad con los artículos 99, párrafo cuarto, última parte de, la fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Salas del Tribunal Electoral sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

Ello, porque el legislador ordinario ha recogido los principios de tipicidad y de reserva de ley previstos en el precepto constitucional y en la referida ley orgánica, al establecer en la Ley adjetiva, una serie de conductas que al producirse vulneran profundamente la pureza de la votación recibida en una o varias casillas, es decir, con el respectivo pronunciamiento evitaría que se produzcan efectos jurídicos.

b) Principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Por regla general, los actos electorales tienen el propósito de ser eficaces y producir plenamente sus efectos, siendo la excepción lo contrario, por lo que se privilegiará, en la medida que lo permitan las circunstancias particulares del caso concreto, la eficacia total del acto, atendiendo a la presunción de validez de los actos electorales.

En este sentido, a fin de proteger la voluntad del electorado, siempre que aparezca la duda respecto de la validez del acto, como puede ser la votación recibida en casilla, debe resolverse a favor de la conservación del acto y no de su nulidad, puesto que ésta debe verse como un remedio excepcional y último; por tanto debe ser probada sin lugar a dudas, toda vez que la nulidad electoral no se establece para garantizar la observancia de las formas, sino el cumplimiento de los fines buscados con ellas.

Este principio se recoge en la jurisprudencia 9/98, de rubro: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”.

En conclusión, conforme a este principio, solamente procederá la nulidad de la votación recibida en alguna casilla, cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección correspondiente, pues el ejercicio del derecho al voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su sufragio, no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por los funcionarios de las mesas directivas de casilla, máxime cuando las mismas, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, sean insuficientes para generar la sanción máxima en materia electoral, que es la nulidad correspondiente.

c) Sólo procede la nulidad de la votación recibida en casillas, cuando se acredite que la irregularidad es determinante para el resultado de la votación, aún cuando el legislador no lo exija de manera expresa. En principio, es criterio de este Tribunal Electoral que en aquellos casos en que el legislador no previó expresamente en la norma como requisito para que se actualice la nulidad de la votación recibida en casilla, que la irregularidad fuera determinante para el resultado de la votación, tal requisito es exigible atendiendo a que el sistema de nulidades en materia electoral, tiende a salvaguardar el bien jurídico fundamental consistente en la voluntad expresada por los electores para elegir a través del voto, libre, secreto y directo, a sus representantes populares.

En este orden de ideas, para establecer si una irregularidad es o no determinante para el resultado de la votación recibida en casilla o de una elección, es factible utilizar los criterios siguientes:

I. Cuantitativo o aritmético: se aplica cuando por la naturaleza de la irregularidad invocada y los elementos materiales y objetivos, permitan traducir en votos viciados los hechos que constituyen una causal de nulidad de votación recibida en casilla.

Así, si el número de votos emitidos o recibidos irregularmente es igual o mayor a la diferencia de sufragios obtenidos por los partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugares en la votación respectiva, se actualizará el elemento “determinante”.

II. Cualitativo: consiste en verificar si se han conculcado de manera significativa, uno o más principios constitucionales rectores de la función electoral, tales como la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Lo anterior implica interpretar la ley conforme a los bienes jurídicos tutelados de la materia, así como lograr su mejor aplicación, adaptándola al tiempo y a las circunstancias que rodean los casos concretos, evitando, en la medida de lo posible, vulneraciones al derecho fundamental de votar.

Sustentan los criterios que preceden respecto del elemento “determinante”, las jurisprudencias 39/2002, 13/2000 y 20/2004: “NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO”, “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE” y “SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES”.

Así, si el valor primordial que se debe salvaguardar es el pleno ejercicio del voto, las normas deben interpretarse en el sentido de protegerlo, y sólo en el caso de que se ponga en notoria duda la certeza de la voluntad del electorado, la violación a las características del sufragio, o la vulneración a los principios rectores de la materia, y siempre que la irregularidad invocada sea fehacientemente acreditada, y por supuesto determinante para el resultado de la votación, existen los mecanismos jurídicos que garanticen el cumplimiento del valor jurídicamente protegido.

No debe pasar inadvertida la circunstancia de que la mayoría de las conductas, actos o hechos que generan las irregularidades o inconsistencias que se denuncian durante la jornada electoral, o con motivo de ellos, son realizados por la mesa directiva de casilla, la cual se conforma por ciudadanos seleccionados al azar, y que después de recibir cierta capacitación, son designados como funcionarios de la misma, por lo que puede decirse que no se trata de un órgano profesional, ni especializado, por lo que es comprensible y hasta a veces natural que su inexperiencia eventualmente desemboque en irregularidades menores, sin que afecte de manera grave, general y sistemática el resultado de las elecciones, máxime que su actuación siempre se presuma de buena fe, de ahí la exigencia para que las irregularidades acontecidas tengan el carácter de determinante para declarar la nulidad de algún acto electoral.

3. Pruebas con valor probatorio pleno. A efecto de evitar reiteraciones de criterios a lo largo de la presente sentencia, y con base en el principio de economía procesal, se puntualiza que para efectos de la presente ejecutoria, en los análisis de las diversas causales de nulidad de votación recibida en casillas contempladas en el artículo 75, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este órgano jurisdiccional federal tomará en cuenta los documentos siguientes, y las demás que se citen en el desarrollo de esta ejecutoria.

a) Documento denominado: “Ubicación e integración de mesa directiva de casilla para las elecciones federales del 1 de julio de 2012” conocido como “Encarte”;

b) Actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo;

c) Hojas de incidentes;

d) Constancias de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al Consejo Distrital;

e) Listas nominales de electores definitivas con fotografía para las elecciones federales del uno de julio del dos mil doce;

f) Relación de representantes de partidos políticos ante mesa directiva de casilla; y

g) Constancias individuales de Diputados Federales de mayoría relativa;

h) Acta circunstanciada del recuento total de la elección de diputado de mayoría en el 3 distrito electoral en el Estado de Guanajuato.

Documentales que con base en los artículos 14, párrafos 1 y 4, inciso a), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se les otorga valor probatorio pleno, toda vez que son actas oficiales de las mesas directivas de las casillas impugnadas en el presente juicio de inconformidad, y que obran en original o copia certificada en los autos del expediente en que se actúa, aunado a que no existe prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

Igualmente se tomarán en cuenta las documentales privadas aportadas por las partes, y las técnicas, que adminiculados con los demás elementos probatorios existentes en autos, puedan aportar convicción sobre los hechos aducidos, quedando a cargo del juzgador para aplicar las medidas racionales que permitan inferir en qué grado los hechos están probados, puesto que la valoración de éstos ha de ser objetiva dada su naturaleza de documentales privadas, en términos de lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 3, de la ley adjetiva de la materia.

SÉPTIMO. Estudio de fondo. Se procede a determinar los motivos de disenso que invocan los actores políticos en el presente juicio de inconformidad, esto a efecto de facilitar su estudio, de conformidad con la jurisprudencia 4/99, publicada bajo el rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”.

1. Causal a). Las coaliciones “Movimiento Progresista” y “Compromiso por México” coinciden en invocar la causal de nulidad consistente en instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital, respecto de la votación recibida en las casillas 1391 Básica y Contiguas 1 a 3.

A) En tal sentido, una vez efectuada la lectura del escrito de demanda presentada por la primera fuerza política aquí citada, se sintetizan los motivos de disenso de la manera siguiente: 

I. En un principio se acordó que las casillas 1391-B y 1391-C1 se instalarían en el domicilio ubicado en la calle Crespo número 162 y las diversas 1391-C2 y 1391-C3, en la misma calle, pero en el inmueble diverso de nomenclatura 177, ambos en la Colonia San Pedro de los Hernández, en Guanajuato; sin embargo, fueron reubicadas, sin causa justificada, a la Universidad Iberoamericana, la cual se encuentra a dos kilómetros aproximadamente del lugar original, saliéndose así de su respectiva circunscripción. Además, menciona que no se dio aviso de manera oportuna a la ciudadanía, incumpliendo así con el Código de la materia, en virtud de que éste obliga a dicho Instituto a realizar dos publicaciones de ubicación de casillas, previo a la jornada comicial.

II. Aunado a ello, aduce que tal situación obedeció al afán de favorecer al ex Gobernador del Estado, Juan Manuel Oliva Ramírez, para que sufragara en la sección electoral de cuenta, y como originalmente se acordó instalar las mesas receptoras en una colonia popular, entonces, con tal de beneficiar a dicho ex mandatario, decidieron removerlas a una zona exclusiva, como lo fue, la citada casa de estudios, lo cual, bajo su óptica, provocó que se quebrantara el principio de equidad en la contienda.

B) Por otra parte, del análisis del libelo impugnativo de la alianza “Compromiso por México” se advierte que su molestia radica en lo que se detalla a continuación:

I. Aduce que existieron cambios de domicilio de casillas sin causa justificada y sin el aviso oportuno, tanto a los representantes de partido, como a la ciudadanía en general, pues las casillas en comento debieron ubicarse en la calle Crespo de la Colonia San Pedro de los Hernández, en el Municipio de León de los Aldama, Guanajuato; no obstante, fueron situadas, sin causa justificada, en el campus de la Universidad Iberoamericana, que se ubica en el Boulevard Jorge Vértiz Campero, Fracciones Canadá de Alfaro, en el municipio de León de los Aldama, Guanajuato. Al respecto, destaca que para trasladarse en automóvil de un punto a otro, se deben recorrer dos kilómetros, cien metros, y que a pie toma un tiempo aproximado de dieciocho minutos.

II. Además, sostiene que el Instituto publicó oficialmente en dos ocasiones el listado donde se informa el lugar donde se posicionarían estas casillas, y en los domicilios ubicados en la calle Crespo, pero que, por costumbre, se divulga el encarte por una tercer ocasión un día previo a la jornada, lo cual en la especie no aconteció, sino hasta el día siguiente (uno de julio), sin que tampoco notificara a los partidos políticos con anticipación sobre este cambio, lo cual provocó que los representantes de éstos no pudieran asistir a los centros en comento.

III. A efecto de probar la irregularidad, aporta las reflexiones siguientes: “a) La distancia, como se dijo más de 2 kilómetros en vehículo particular, sin que hubiere transporte público al ser una zona despoblada (como se observa de los mapas que se acompañan), al menos 18 minutos caminando; b) Las 4 casillas se cambian de una colonia popular a un recinto geográficamente muy remoto y enclavado en una zona residencial, dificultando el arribo de los electores de la colonia original; c) En el domicilio donde finalmente se instalaron estas 4 casillas pertenece a un alto estrato social, en una universidad privada en donde el acceso normalmente es controlado y restringido, ya que cuenta con una caseta de seguridad, de dos plumas que permiten o prohíben el ingreso según sea el caso y un acceso para peatones a ras de carril de circulación. Y de ahí a donde se ubicaron las casillas, se presentan los siguientes inconvenientes: es un lugar, privado, sin vista previa de ubicación de casillas y el camino es confuso a donde se encontraban instaladas, por estar ubicadas en el aula magna de dicha Universidad, que no cuenta con visibilidad al exterior y en la puerta de acceso en la que hay guardias a la zona privada en donde estaban ubicadas las casillas, mediaba entre 70 y 100 metros de distancia para llegar a ellas (del boulevard a la llamada aula magna), que repito no están a la vista”.

IV. Aunado a ello, destaca que el grupo “Yo soy 132”, se ha manifestado en repetidas ocasiones contra el Partido Revolucionario Institucional; situación que, en su concepto, inhibió y obstaculizó el voto priísta, pues dicho movimiento surgió en la Universidad de cuenta.   

V. A su vez, menciona que la escuela no cuenta con las instalaciones requeridas en el artículo 241 del Código de la materia y que tampoco se atendió al procedimiento previsto en el diverso numeral 262 del mismo ordenamiento, el cual regula el cambio de domicilio de los centros de recepción.

VI. En tales circunstancias, refiere que las casillas no quedaron “instaladas en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo”, ni se dejó aviso de su nueva ubicación en el exterior del inmueble original.

VII. También hace valer que al ex Gobernador del Estado le correspondió votar en dicha sección, así como a su familia; al Procurador de Justicia del Estado y muchos otros funcionarios de extracción panista; mismos que recientemente adquirieron viviendas en esa zona, por lo cual, sospecha que el cambio se debió a un acto de “vanidad”, propio de quien ha cambiado su estatus económico y cuenta con el poder político para tomar decisiones caprichosas.

En tal sentido, resulta oportuno transcribir la porción normativa que regula el supuesto de nulidad alegado, misma que es del tenor literal siguiente:

Artículo 75

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente;

[…]

De lo trasunto, se desprende que lo que pretende la norma es garantizar que se respete el principio de certeza que rige la materia electoral, a fin de que los electores puedan identificar claramente la casilla donde deben ejercer su derecho de sufragio y los partidos políticos puedan contar con representantes para vigilar el desarrollo de la jornada electoral. Para ello, se fija y se publica el lugar donde se instalarán las mismas, con la debida anticipación.

Para lograr tal propósito, en los artículos 241 a 243 del código de la materia se estatuye el procedimiento a seguir para determinar la ubicación de las casillas, el cual se ejecuta en fechas establecidas.

En efecto, entre el quince de febrero y el quince de marzo del año de la elección las Juntas Distritales Ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes distritos con el propósito de localizar espacios idóneos para instalar las casillas, los cuales deberán ser lugares de fácil y libre acceso para los electores, que aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto de la emisión del voto; prefiriéndose los locales ocupados por escuelas u oficinas públicas.

Luego, entre el diez y el veinte de marzo, las Juntas Distritales Ejecutivas presentarán a los Consejos Distritales correspondientes una lista proponiendo los lugares en que habrán de ubicarse las casillas. Recibidas las listas, los Consejos examinarán que los lugares propuestos cumplan con los requisitos anteriores y, en su caso, harán los cambios necesarios.

Así, en las sesiones que se celebren a más tardar la segunda semana de mayo, se aprobarán las listas en las que se contenga las ubicaciones de las casillas y se ordenará dar publicidad a las listas de los lugares en que serán instaladas, por los medios electrónicos de los que disponga el Instituto y fijándolas en los edificios y lugares públicos de mayor concurrencia en los distritos respectivos; ello, a mas tardar el quince de mayo del año de la elección.

Ahora, como el número de espacios públicos (escuelas u oficinas) que existen es mucho menor al de las casillas que se instalan, entonces, el legislador permitió que dichas mesas receptoras se ubicaran en domicilios de particulares, siempre y cuando, dichos inmuebles cumplan las exigencias referidas en líneas anteriores, y no sean propiedad de servidores públicos o de cualquiera de los candidatos registrados en la contienda, establecimientos fabriles, bares o negocios con giro comercial similar, locales destinados al culto religioso o de partidos políticos, entre otros.

Sin embargo, como la disposición de dichos espacios, por regla general, se encuentra sujeta a la voluntad de los propietarios, puede ocurrir que éstos se retracten, o que aconteciera un suceso inesperado que modificara las condiciones del lugar, lo cual imposibilitaría el uso del local.

Es por ello que, si aconteciera un suceso similar a lo anterior, la norma permite que se modifique el listado respectivo, aún después de publicado, pues de lo contrario se correría el riesgo de que el día de la jornada electoral no se instalen las casillas que encuadran en el supuesto o lo hagan en lugares inapropiados, pues el día de la jornada los funcionarios de los centros de votación se enterarían de la problemática, teniéndola que superar con el tiempo en su contra y con sus propios medios, lo cual no garantiza un resultado favorable.

Cabe destacar, que la decisión de cambiar de domicilio una casilla no recae en el libre arbitrio de un funcionario en lo individual o un grupo de ellos, y tampoco es una determinación definitiva e inapelable, al contrario, debe ser adoptada por los respectivos Consejos Distritales.

Dichos órganos, se integran por un Consejero Presidente; seis Consejeros Electorales; los representantes de los distintos partidos políticos nacionales; el Secretario del Consejo; los Vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital, de acuerdo con el artículo 149, párrafos 1 y 2, de la normativa en cita.

Por lo que hace a los delegados de las distintas fuerzas políticas, intervienen en las sesiones respectivas con voz pero sin voto, a los cuales, por regla general, se les convoca a sesión con la anticipación debida; se les informa sobre el proyecto del orden del día a desahogar y se les proporcionan los documentos necesarios para la discusión de los asuntos, de conformidad con los artículos 10 y 11 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Federal Electoral.

Por tanto, previo a cada sesión, los representantes de los partidos están informados sobre el punto a tratar, es decir, conocen los alcances y las consecuencias que podría generar el aprobar o no, un proyecto de resolución; por ejemplo, si el asunto se encontrara relacionado con la reubicación de casillas, conocen de cuáles se trata; dónde se planeaba ubicarlas y el lugar en donde se pretende cambiar, por ello, en cualquier momento podrán acudir físicamente a los locales para verificar su conveniencia, y si llegan a considerar que esto afectaría sus intereses o los de la ciudadanía en general, entonces en la deliberación del asunto pueden externar las consideraciones que estimaran convenientes, a efecto de disuadir a los consejeros electorales para que se sumen a su sentir.

Ahora, en caso de que consideraran que el acto de autoridad no se apega al principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución federal, entonces, podrán inconformarse en la instancia administrativa, vía recurso de revisión, y en su caso, acudir ante este Tribunal en apelación, de conformidad con los artículos 35, párrafo 2, y 40, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Retomando el punto, si el cambio de domicilio de casillas fuera aprobado, entonces el Presidente del Consejo ordenará que se publique la lista por segunda vez, con los ajustes correspondientes.

No obstante lo anterior, el día de la jornada electoral, en la fase de la instalación de las casillas, pueden presentarse diversas circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas directivas de casilla a cambiar su ubicación, como son: a) que no exista el local indicado; b) que se encuentre cerrado o clausurado; c) que se trate de un lugar prohibido por la ley; d) que no permita asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores; e) que no garantice la realización de las operaciones electorales en forma normal; o f) que el Consejo Distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Estos supuestos, se consideran causas justificadas para la instalación de una casilla en un lugar distinto al señalado, y se encuentran previstas en el artículo 262 del código de la materia, el cual, en su párrafo 2, establece que en cualquiera de dichos casos, la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

Por lo expuesto, y en términos de lo previsto en el artículo 75 párrafo 1, inciso a), de la Ley adjetiva en comento, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital respectivo;

b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello;

c) Que se provocó confusión en el electorado respecto del lugar al que debía acudir a votar y, por ello, no emitió su sufragio, y

d) Que sea determinante para el resultado de la votación.

En consecuencia, para que se acredite la causa de nulidad en comento, es necesario que se demuestre que la casilla se instaló en lugar diferente al autorizado por el Consejo Distrital respectivo, que no existió una causa que justificara su cambio, y los elementos más importantes, demostrar que existió confusión en el electorado respecto de la ubicación a la que debía acudir a votar, lo cual provocó que no sufragara el día de la jornada electoral; y que tal situación impactó determinantemente en el resultado de la elección.

Sustenta el criterio antes apuntado, la jurisprudencia 14/2001, de rubro “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD”.

Ahora bien, los agravios correspondientes se atenderán en su conjunto, sin que ello cause perjuicio alguno a los impetrantes, de conformidad con la jurisprudencia 4/2000, “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.

En tal situación, conviene traer a colación ciertas consideraciones de hecho y de Derecho, que se encuentran debidamente acreditadas o reconocidas por las partes, por tanto, no son objeto de debate, con fundamento en artículo, 15, párrafo 1, de la Ley General en comento.

1. El trece de junio, mediante los oficios CD03/112/2012[6], el Presidente del Consejo Distrital convocó a los representantes de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para asistir a la sesión extraordinaria de dicho órgano, que se llevaría a cabo el quince de junio, para tratar sobre el “Informe y Proyecto de Acuerdo por el que se realizan ajustes a la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes[7]”, en el cual se contenía la propuesta de reubicar las casillas impugnadas, del modo siguiente:

2. El día quince posterior, según se desprende del acta de sesión 16/EXT/15-06-12, se celebró dicha asamblea[8], en la que se aprobó la propuesta de cuenta y, por ende, se emitió el acuerdo A19/GTO/CD03/15-06-12[9] intitulado “Acuerdo del 03 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se realizan ajustes a la listas de ubicación de casillas, por causas supervenientes”.

A la sesión de cuenta acudieron, entre otros, los representantes propietarios de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, los cuales, respectivamente, respectivametne a cuaderno principal del expediente SM-JIN-23/2012 de foja 256 a 260. IN-23/2012, en las fojas 031 y 245, resp representan a los partidos que integran a las coaliciones impugnantes, sin que manifestaran argumento alguno en contra de tal propuesta.

3. El mismo día, mediante los oficios 03-CD-GTO/SC/093/2012[10], se les entregó copia del listado de casillas con cambios de ubicación a los representantes de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

4. El uno de julio, se publicó en el periódico “a.m.” el listado donde se contiene la ubicación de las casillas[11], en él se aprecia que las mesas receptoras 1391 básica y contiguas 1 a 3, se iban a instalar en “BOULEVARD JORGE VÉRTIZ CAMPERO, # 164, CAÑADA ALFARO, LEÓN, GUANAJUATO, 37238; UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE LEÓN”.

5. En misma fecha, se celebraron los comicios federales en el país, para elegir al titular del Poder Ejecutivo y a los integrantes del Congreso de la Unión, entre ellos, a la fórmula para el cargo de Diputado Federal por el 03 Distrito Federal del Estado de Guanajuato.

6. De conformidad con las actas de jornada electoral, hojas de incidentes y actas individualizadas de recuento, se desprende la información que se plasma en la tabla siguiente, en donde se especifica el número de casilla, su tipo, el domicilio en que debió instalarse de acuerdo con el encarte publicado el día de la jornada electoral, el domicilio asentado en las actas de la jornada electoral, además del dato de presentación de hojas de incidentes en el momento de la instalación de la casilla respectiva.

* 1.  Nos tardamos en contar las boletas. Recorrimos las mesas urnas mamparas para colocarnos junto, a IEEG y reanudamos a las 10:15

* 2. Varios electores depositaron sus votos en otras urnas. Un votante portaba una gorra de un partido

*3. Un ciudadano quien dijo ser representante del movimiento ciudadano quería quedarse como observador electoral sin estar registrado en la lista a lo que el presidente de mi casilla no se lo permitió. Cambio de ubicación y acomodo de mesas debido a que originalmente se colocaron las estatales frente a las federales lo que impidió el libre curso de la votación de 5 a 10 minutos. Las boletas 202 419 de la elección a diputados y 202 511 de igual elección a diputado federal se invalidaron por que al momento de cortar la boleta se rompió. Debido a la problemática de desprendimiento de boletas para la elección a diputados federales se tuvieron que desprender los talones de dichas boletas correspondientes de los números que a continuación se escriben.

*4. Para hacer eficiente la votación las casillas estatales y federales se pusieron alineadas. La votación se detuvo cinco minutos. Hubo confusión las boletas electorales por que había varias casillas juntas. Hubo un error repetido en el acta de escrutinio y cómputo de casilla para diputados federales. Pedimos a una casilla vecina nos ayudara a reponerla

Bajo esta lógica, por lo que hace al argumento relativo a que las casillas de cuenta fueron reubicadas sin causa justificada el día de la elección, debe decirse que tal aseveración es falsa, pues desde el quince de junio el Consejo Distrital acordó reubicar tales centros de recepción, porque la directiva de la Universidad había otorgado la autorización, cuando anteriormente no había tal consenso.

En tal sentido, se advierte que el cambio obedeció a que la ley, de modo textual, refiere que se preferirá ubicar las casillas en los locales ocupados por escuelas u oficinas públicas; y en el caso concreto se “logró tener anuencia en un centro educativo, donde anteriormente se había negado permiso para la instalación de casillas” por tanto, se concluye que no se actualiza el principal supuesto de la causal de nulidad de mérito, consistente en que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital respectivo, de ahí que el motivo de disenso en estudio sea infundado.

Además, debe decirse que los representantes de los partidos asistieron a la sesión del Consejo Distrital donde se acordó la reubicación de las casillas, y éstos no manifestaron argumento alguno en contra de ello, a pesar de que tuvieron la potestad de impugnar vía recurso de revisión dicho acto, porque éste les fue debidamente notificado, no lo hicieron; por tal motivo, se presume que estuvieron conformes con tal situación, bajo esta lógica, este órgano jurisdiccional no encuentra válido que a estas alturas las coaliciones justiciables vengan a combatir los resultados obtenidos en dichos centros de votación, los cuales no les favorecen, alegando que no se debió reubicar en dicho lugar la casilla, pues consintieron tal situación, y si sus representantes no se presentaron en las casillas, ello, no fue producto de este suceso.

Por otra parte, los impetrantes refieren que se presentaron diversas anomalías que mermaron la afluencia de votantes, y que inhibieron el voto priísta, tales como que la casilla se ubicó a una distancia considerable, en relación con el lugar originalmente planeado; que el local proporcionado por la Universidad no cubrió con los requisitos requeridos en el artículo 241, párrafo 1, incisos a) y b) del Código de la materia; que en la Universidad Iberoamericana surgió el movimiento “Yo soy 132”; que no se dejó anuncio en el domicilio original para informar a los votantes sobre la reubicación de las casillas; que el cambió fue un producto de “vanidad” para favorecer al ex Gobernador, a su familia y a diversos funcionarios del Estado que adquirieron viviendas en esa zona, entre otros.

Además, esta Sala Regional considera inatendibles los alegatos en cuestión, pues la efectividad de éstos dependía de que se hubiere probado que las casillas en cuestión se cambiaron a un lugar distinto al autorizado por el Consejo Distrital, y como en la especie no aconteció, es que se le otorga tal calificativo, además, se aprecia que dichas manifestaciones son genéricas, vagas e imprecisas, pues, de modo alguno, acreditan circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

2. Causal c). El Partido Acción Nacional aduce que en la casilla 1500 Contigua 17, se actualiza la causal de nulidad relativa en que sin causa justificada se efectúe el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo Distrital.

Por lo anterior, se considera necesario transcribir el precepto respectivo.

Artículo 75

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

[…]

c) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo;

[…]

Como puede apreciarse, la causal de nulidad contenida en el precepto que antecede, tutela el valor jurídico de certeza en torno a que las boletas y votos contados sean los mismos que durante la jornada electoral estuvieron bajo la vigilancia continua de los funcionarios de la mesa directiva de casilla y de los representantes de los partidos políticos; además garantiza que la referida vigilancia continúe sin interrupción durante el escrutinio y cómputo.

Igualmente busca que no se generen dudas sobre los resultados obtenidos en las casillas y que, por el contrario, estos se ajusten a los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad, que se imponen en la actuación de las autoridades electorales; asimismo, protegen específicamente la voluntad popular expresada por los ciudadanos a través de sufragios emitidos en forma libre, secreta y directa, considerando que el sentido de esa voluntad se determina a través del procedimiento de escrutinio y cómputo que se hace constar en el acta correspondiente.

Al respecto, el escrutinio y cómputo de los votos que llevan a cabo los integrantes de las mesas directivas de casillas, constituye dentro del proceso electoral, un acto relevante y trascendente, pues a través de éste se establece con precisión el sentido de la voluntad de los electores expresada en la casilla.

Para salvaguardar esta expresión de voluntad ciudadana, la legislación electoral establece reglas tendentes a asegurar el correcto desarrollo de las tareas inherentes al escrutinio y cómputo de los votos, para que sus resultados reflejen de manera auténtica y cabal el sentido de la votación de los electores, y que, como acto de autoridad electoral, tengan las características de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad.

De esta manera, el código sustantivo electoral en sus artículos 247, 273, 274, 275 y 280, señala qué es el escrutinio y cómputo; la autoridad electoral encargada de realizarlo y de asegurar su autenticidad; el tiempo y forma para la realización del mismo y para el levantamiento de las actas correspondientes, garantiza la presencia de los representantes de los partidos; en tanto que la ley adjetiva de la materia, establece la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las que, sin causa justificada, se realice el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo.

Además, cabe señalar que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es omiso para determinar, de manera expresa, los locales en los que los integrantes de las mesas directivas de casilla habrán de realizar las operaciones del escrutinio y cómputo; y tampoco establece cuáles son las causas que justifican la realización del escrutinio y cómputo en local distinto al señalado por el Consejo respectivo.

Para solucionar esta falta de reglamentación se recurre a una interpretación sistemática y funcional de diversos preceptos del código sustantivo electoral, de la que se desprende que, en principio y como regla general, la instalación de la casilla, la recepción de la votación y las operaciones de escrutinio y cómputo, deben realizarse en un mismo lugar.

Asimismo, es importante aclarar que como ya se señaló, no existe precepto legal alguno que contemple expresamente las causas por las que justificadamente se puede cambiar de local para la realización del escrutinio y cómputo de casilla; sin embargo, debido a la estrecha vinculación que existe con el lugar de ubicación e instalación de la casilla y la realización del escrutinio y cómputo, se ha considerado que debe aplicarse de manera análoga lo dispuesto en el artículo 215 del código de la materia, relativo a las hipótesis que permiten que una casilla se instale válidamente en un lugar distinto al autorizado por el Consejo Distrital.             

Ahora bien, atento a lo expuesto, y en atención al precepto antes transcrito, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Haber realizado el escrutinio y cómputo de la votación en un lugar diferente al determinado por el Consejo Distrital;

b) Que no exista causa justificada para haber hecho el cambio; y

c) Que tal situación sea determinante para el resultado de la votación.

Para que se actualice el primer supuesto normativo, basta determinar que el local en el que se realizó el escrutinio y cómputo de los votos recibidos en la casilla, es distinto al de su instalación, designado por el Consejo Distrital respectivo.

En cuanto al segundo supuesto, se deberán analizar las razones que, en su caso, señalaron los funcionarios que integraron las mesa directiva de casilla para la realización del escrutinio y cómputo en local distinto y si hubo o no una causa justificada, valorando aquellas constancias que se aporten para acreditarlo.

Por último, la votación recibida en una casilla se declarará nula, sólo si resulta determinante para el resultado de la votación, esto es que una vez acreditados los dos elementos anteriores, además se demuestre que se vulneró el principio de certeza, en virtud de que se afectó la voluntad popular expresada por los ciudadanos, habida cuenta que el escrutinio y cómputo de los votos y los resultados consignados en el acta correspondiente no son fidedignos ni confiables.

En tal sentido, el partido político afirma que en la casilla 1500 contigua 17, se llevó a cabo el escrutinio y cómputo de los votos en lugar diferente al determinado por el Consejo Distrital, sin mediar causa justificada para ello, lo cual afectó gravemente la certeza sobre la veracidad de los resultados contenidos en actas, pues se impidió que los observadores electorales estuvieran presentes durante el ejercicio de cuenta.

Así, con el objeto de sistematizar el estudio del agravio formulado por la parte actora, a continuación se presenta un cuadro comparativo, donde se asientan los datos respectivos de la casilla cuya votación se impugna; el lugar donde se debió ubicar según el encarte publicado en el diario “a.m” el uno julio, el lugar donde se instaló, según el acta de jornada electoral; lugar donde se  efectuó el escrutinio y cómputo, conforme a lo sentado en el acta respectiva, así como un apartado donde se vacían las observaciones que se desprendan de la última constancia citada y de la hoja de incidentes.

Ahora bien, como se aprecia del cuadro comparativo, el escrutinio y cómputo no se realizó en el lugar determinado por el Consejo Distrital, sin que se pueda advertir la ubicación exacta de donde se efectuó.

Sin embargo, tal situación no actualiza la causal de nulidad que se invoca, ya que se advierte que existió causa justificada para realizar el ejercicio de referencia en lugar distinto, como lo fue la falta de luz para efectuar el trabajo respectivo.

Además, se observa que el representante de casilla del Partido Acción Nacional, ente político que hace valer esta causal, estuvo presente en el ejercicio aritmético de referencia, junto con otros cuatro delegados de partidos, de los cuales, ninguno manifestó que se haya impedido el acceso a los observadores electorales, o situación similar, según se aprecia de las constancias correspondientes[12].

Por lo tanto, si bien es cierto, que el escrutinio y cómputo se realizó en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital, también lo es, que esto obedeció a que el local donde se instaló la casilla para recibir la votación, por el transcurso del día, se quedó sin iluminación suficiente para efectuar lo propio, lo cual justifica tal situación, de ahí lo infundado del agravio.

3. Causal e). El Partido Acción Nacional solicita la nulidad de la votación recibida en las casillas 1265 Contiguas 1 y 3, 1309 Contigua 3, 1381 Básica, así como 1500 Contiguas 3, 5 y 6, por actualizarse la hipótesis de nulidad consistente en que personas distintas a las facultadas por la legislación electoral reciban la votación.

Así, para el análisis respectivo, debe traerse a colación lo dispuesto en el artículo 75, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Artículo 75.

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

[…]

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

[…]

Al respecto, debe destacarse que ha sido criterio reiterado por este tribunal electoral, que los bienes jurídicos que se pretende tutelar con la norma transcrita, son los principios de certeza y seguridad jurídicas, reflejados en la debida recepción de la votación por las personas legalmente autorizadas.

En tal sentido, el artículo 154, párrafo 1, del código electoral citado, define a las mesas directivas de casilla como los órganos electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las casillas que se instalan en las diversas secciones en que se dividen los 300 distritos electorales del país.

El artículo 155, párrafo 1, del mismo código, establece que las mesas directivas de casilla se integran por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales.

Por su parte, el artículo 240 de dicho ordenamiento legal, regula el procedimiento para integrar las referidas mesas directivas de casilla, el que comprende fundamentalmente una doble insaculación y un curso de capacitación, encaminados a designar a los ciudadanos que ocuparán los cargos.

Por último, el artículo 260 del mismo código, establece el procedimiento a seguir el día de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla, en el supuesto de que ésta no se instale en su totalidad a las a las ocho horas con quince minutos.

En este sentido, de no presentarse alguno de los funcionarios previamente designados para la casilla -propietarios o suplentes-, el consejo respectivo tomará las medidas necesarias para llevar a cabo la instalación; asimismo, cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones no intervenga oportunamente el personal del Instituto Federal Electoral a las diez horas del día de la jornada, los representantes de los partidos políticos ante mesas directivas de casilla, designarán por mayoría a los funcionarios para integrar las casillas correspondientes, convocando a aquellos electores que se encuentren presentes en la casilla.

En este último caso, se requerirá la presencia de un juez o notario público para dar fe de los hechos, y si no se pudiera, bastará con que los representantes de los partidos políticos expresen su conformidad; es conveniente resaltar que los nombramientos a que se ha hecho referencia, en ningún caso podrán recaer en los representantes de los partidos políticos, por lo que esta actividad se entenderá reservada exclusivamente para los electores que se encuentren formados en la fila de la sección para emitir su voto, y por tanto, su nombre se encuentre registrado en la lista nominal de electores correspondiente.

En tal sentido, en términos del artículo 191 de la normativa de referencia, las secciones en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo mil quinientos electores, y por cada setecientos cincuenta electores o fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos residentes en la misma; de ser dos o más se colocarán en forma contigua y se dividirá la lista nominal en orden alfabético. Por tal razón, el listado nominal de una sección se puede dividir en el número de partes, como casillas le correspondan.

De acuerdo con lo anterior, la causal de nulidad que se comenta, se entenderá actualizada cuando se acredite que la votación, efectivamente:

a) Se recibió por personas distintas a las facultadas conforme al código. Se entiende como tales a las que no resultaron designadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley.

b) Además, es importante atender al imperativo de que los ciudadanos que en su caso sustituyan a los funcionarios deben cumplir con el requisito de estar inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y no tener impedimento alguno para fungir como tales.

c) O bien, que la mesa directiva de casilla no se integró por todos los funcionarios necesarios (presidente, secretario y escrutadores).

Ahora bien, del escrito de demanda presentada por el partido político actor se desprende que su molestia radica en que el “día de la elección, en las casillas que a continuación se citan, recibieron la votación personas distintas a las facultadas por la legislación electoral, siendo importante señalar que las mismas no pertenecen a la sección electoral de las casillas en las que actuaron como funcionarios de las mismas”

Al respecto, muestra una tabla donde se destacan las inconsistencias que pretende acreditar; misma que se reproduce a continuación:

De lo anterior, esta Sala Regional advierte que efectivamente se presentaron las aparentes inconsistencias señaladas por el actor, relativas a que en las casillas descritas actuaron personas distintas a las señaladas en el Encarte.

Sin embargo, también se aprecia que en las mesas receptoras 1265 Contigua 1, 1265 Contigua 3, 1309 Contigua 3, 1500 Contigua 3 y 1500 Contigua 6, los funcionarios que aquí se cuestionan estaban facultados para actuar en centros contiguos, pertenecientes a la misma sección, como se detalla en seguida: